El Congreso reformará el Código Penal contra el archivo de accidentes de tráfico con víctimas

La iniciativa, que inicia así su tramitación parlamentaria, da una vuelta de tuerca más a la reforma del Código Penal aprobada en marzo de 2019, con la que los conductores imprudentes al volante que causen accidentes con muertos o heridos se enfrentan a hasta nueve años de cárcel si ocasionan varios fallecidos o hasta cuatro años de prisión si abandonan el lugar del siniestro, como pedían víctimas y ciclistas.

Sin embargo, en la práctica suelen archivarse las imprudencias menos graves cuando se producen lesiones o muerte tras la comisión de una infracción catalogada como grave en la Ley de Seguridad Vial y que, por rutina, son considerados leves por jueces o tribunales y, por tanto, sin responsabilidad penal.

La nueva reforma pretende eliminar la posibilidad de que el juez o el tribunal pueda subjetivamente apreciar la inexistencia de delito, con lo que habrá delito si el conductor comete una infracción grave que causa lesiones relevantes o la muerte.

Además, el PSOE propone reducir la pena a un mes de multa en caso de provocarse por imprudencia menos grave lesiones que necesitan tratamiento médico o quirúrgico que no son invalidantes, pero sí relevantes. Con ello, no es necesario estar asistido de abogado y procurador, y el proceso lo llevará un juez de instrucción sin menoscabo de todas las garantías para la víctima.

La proposición de ley se complementa con un oficio enviado el pasado mes de marzo por la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial a las policías judiciales de tráfico (Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y policías locales) para que levanten más atestados de accidentes de tráfico con el fin de que se instruyan más procesos penales que protejan a las víctimas.

Los supuestos en los que la Fiscalía obliga a levantar atestado y trasladar el caso a la jurisdicción penal y que no se archiven son colisiones por alcance; adelantamientos arriesgados; saltarse señales de stop y ceda el paso, o un semáforo en rojo; cambios de dirección indebidos; distracciones por fatiga o sueño, y atropellos en pasos de cebra o arcenes para ciclistas.

PORTAVOCES

La proposición de ley fue respaldada en la tribuna de oradores por la mayoría de los portavoces parlamentarios. Maribel García, del PSOE, comentó que el objetivo principal es “mejorar la seguridad jurídica de las víctimas de accidentes de tráfico”, especialmente peatones, ciclistas y motoristas. Comentó que, pese a la reforma penal de 2019, desde entonces se ha producido el “archivo sistemático de todas las causas en las que no hubiera una especial gravedad como conducción temeraria o la presencia de alcohol o drogas en la causa del siniestro, sobre todo cuando las víctimas sufrieron lesiones graves, pero no invalidantes”.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el año pasado murieron 1.370 personas en siniestros viales y 94.562 resultaron heridas. Por quinto año consecutivo, las distracciones fueron el factor concurrente más frecuente en accidentes mortales (estuvieron presentes en un 31% de ellos), seguidas del consumo de alcohol (27%) y la velocidad (25%).

“Lo sorprendente es que actualmente en el 99% de los casos esos despistes quedan absolutamente impunes porque se archivan sistemáticamente”, comentó García, que señaló: “Sale más barato saltarse un semáforo y matar a una persona que saltarse un semáforo y que te pare un policía que te ha visto saltártelo”.

Para García, la reforma pretende dar un mensaje a la sociedad de que no existe impunidad al volante si se comete una infracción que provoca víctimas, facilita a los tribunales un procedimiento sencillo al reducir las penas a un mes de multa por imprudencia menos grave y recupera el anterior sistema de “juicio de faltas”, y protege a la mayoría de las víctimas de tráfico.

El portavoz del PP, Óscar Gamazo, se mostró crítico con la proposición de ley, que consideró “innecesaria”. Puso como ejemplo un conductor que circula respetando todos los límites de velocidad y de repente mata a un peatón que sale imprudentemente delante del vehículo, por lo que no le da tiempo a reaccionar. Y el coche no ha pasado la ITV por pocos días. Si prospera la iniciativa, apuntó, el conductor es responsable de un delito de homicidio imprudente, lo que consideró “una auténtica barbaridad”.

“Esta proposición de ley convierte a los juzgados de instrucción en herramientas automáticas de tramitación de siniestros”, indicó, antes de censurar la “desacertada y furibunda crítica a los jueces” recogida en la exposición de motivos de la iniciativa.

Mikel Legarda, del PNV, adelantó el voto negativo de su grupo parlamentario, en tanto que desvelaron el voto favorable Juan Antonio Delgado (Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común), Carolina Telechea (Esquerra Republicana), Miguel Ángel Gutiérrez (Ciudadanos), Genís Boadella (PDeCAT) e Isidro Martínez Oblanca (Foro), mientras que Magdalena Nevado (Vox) hizo una crítica política al Gobierno.